Reflexiones y propuestas de las Asociaciones de la Prensa de Andalucía

Contexto actual 

Las falsas noticias y la manipulación de la información con intereses espurios,  alejados del servicio público que ha de considerarse el periodismo, han existido  siempre. Lo único que ha cambiado es la facilidad para que se propaguen a nivel  global debido a la irrupción de nuevos canales, redes sociales y plataformas  digitales auspiciadas por el nacimiento de internet y su objetivo de hacer común  información de acceso público. Si a esta tecnología le sumamos la  democratización de los soportes (ordenadores, tabletas, teléfonos y relojes  inteligentes…) y el acceso a la gran red, encontramos el caldo de cultivo perfecto para que se dé también la finalidad contraria: la desinformación.  Tenemos las herramientas necesarias para fabricar mentiras y bulos y ponerlos  en circulación de forma intencionada, pero carecemos de los mecanismos  apropiados para combatirla: la alfabetización mediática y digital. 

En el ecosistema actual de la información, en el que conviven tanto medios de  comunicación como “pseudo” medios; periodistas como activistas, información  veraz como falsas noticias, el periodismo y sus profesionales son los que han  de tomar la iniciativa para recuperar la credibilidad y la confianza de la  ciudadanía, en un marco, además, de constante polarización en el ámbito de la  política, que genera un clima de crispación y odio a nivel general. 

Según Digital News Report, en 2023, el consumo en España se ha caracterizado  por un preocupante crecimiento del desinterés por la información. Si en 2015  el 85% de los encuestados se declaraba total o muy interesado en las noticias,  esa cifra se redujo al 51% el pasado año, lo que podría estar relacionado con  cierta saturación informativa o con la desconfianza que las propias noticias  generan entre la población, incapaz de discernir la veracidad de las  informaciones que reciben. 

No podemos obviar que esta situación es especialmente significativa en este  tiempo, en un año con elecciones en más de medio mundo (Estados Unidos,  Rusia, Unión Europea, India, Portugal…), cuatro de ellas en nuestro país, con  conflictos bélicos internacionales y con el avance arrollador y descontrolado de  las tecnologías y, en especial, de la Inteligencia Artificial. 

Premisas en el periodismo

El periodismo es un servicio esencial e imprescindible para la buena salud de  la democracia. 

El periodista y los medios de comunicación tienen dos valores y dos  obligaciones irrenunciables: la honestidad y la información veraz. Un periodista  no puede generar ni difundir mentiras ni bulos ni desinformar. 

No rotundo a los intentos de gobiernos y partidos políticos de legislar el  periodismo. Las intenciones o proyectos que se van conociendo solo pretenden  controlar la información y la profesión, y atacan a la libertad de prensa y de  expresión. La Constitución Española determina el derecho de periodistas y  ciudadanos a elaborar y a recibir información veraz por cualquier medio de  difusión. 

Los periodistas defendemos la autorregulación y rechazamos la regulación. 

Los periodistas debemos encabezar la lucha contra esta era de la  desinformación, y tomar nuestras propias medidas. Los gobiernos tienen que  adoptar otras necesarias para afrontar la situación actual, pero nunca controlar  la información. 

En estos momentos, el referente de la profesión es el Código Ético de la  Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), que habría que  actualizar, cuya Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo,  formada por personalidades independientes, solo puede imponer sanciones  morales. 

Trabajando desde dentro por la honestidad y la información veraz que debe  definir a un periodista, las dos últimas asambleas generales de la FAPE han  aprobado, por unanimidad, resoluciones en este camino, que deben aplicarse en  Andalucía. 

Este año, en la de Talavera, la asamblea de la FAPE hizo un llamamiento “a  todos los periodistas para que, individual y colectivamente, y de manera  permanente y activa, denuncien y rechacen a aquellos periodistas y medios de  comunicación que, con su comportamiento, actuación e informaciones,  denigren y desprestigien a la profesión, vulneren los valores de veracidad y  honestidad y los códigos deontológicos del periodismo”. La FAPE hizo otro  llamamiento a las administraciones públicas (Congreso de los Diputados,  Senado, parlamentos y gobiernos estatal, autonómicos, provinciales y locales)  para que, respetando siempre la libertad de prensa, establezcan mecanismos  reglamentarios para aquellos profesionales que incumplan las mínimas normas  básicas de respeto y convivencia entre los propios periodistas y los  representantes públicos, y/o vulneren con sus actuaciones el Código  Deontológico de la FAPE”

El año pasado, en Lanzarote, la asamblea de la FAPE aprobó “instar a las  administraciones públicas locales, provinciales, autonómicas y nacionales a que  no contemplen en el reparto de sus ayudas públicas a aquellas empresas  periodísticas que estén condenadas por sentencia judicial, o algunos de sus  trabajadores, por difusión de mentiras, bulos o por promover informaciones  falsas”. 

Los Códigos Civil y Penal contemplan condenas o sanciones en el ámbito de la  calumnia, la injuria y el honor, y no de la desinformación y la mentira, que no  están tipificadas como delito. Sería bueno una mayor agilidad de la Justicia y  un incremento de las multas en el Código Civil, como elemento de disuasión. 

Actuaciones desde los Gobiernos y administraciones públicas Alfabetización mediática y alfabetización digital 

La alfabetización mediática es, en toda Europa, la gran apuesta, de presente y  de futuro, para educar a la ciudadanía ante toda la información que recibe.  Forma a los ciudadanos a tener un conocimiento y una actitud crítica, que es  fundamental en el buen estado de salud de una verdadera democracia. En el  caso de Andalucía, y dentro de las competencias de cada administración, su  aplicación corresponde al Gobierno andaluz, a las diputaciones provinciales y  a los ayuntamientos. Por ello: 

Urge una asignatura de alfabetización mediática en todos los tramos del sistema  educativo (infantil, primaria, secundaria, bachillerato y universidad). 

Urge una asignatura de alfabetización digital en todos los tramos del sistema  educativo, con una muy especial atención a los menores. La FAPE considera  prioritario que las administraciones cumplan de manera urgente con el derecho  a la Educación digital en el aula, recogido por ley, y ha pedido formar parte del  comité de expertos creado para la protección de menores en el buen uso de  Internet. 

Urge el desarrollo de cursos permanentes en alfabetización mediática y digital  para el profesorado de todo el sistema educativo. 

Urge el desarrollo de cursos y talleres en alfabetización mediática y digital entre  la ciudadanía de todas las edades (AMPAS, centros de adultos, centros cívicos,  asociaciones de todo tipo…). 

Las asociaciones de la Prensa de Andalucía, junto a la de Madrid y al Colegio  de Periodistas de Cataluña, desde 2010, son pioneras en el desarrollo y en la  enseñanza de la alfabetización mediática en colegios e institutos. El modelo 

andaluz ha sido trasladado y asumido en buena parte de las comunidades  autónomas de España. 

Leyes de transparencia y de publicidad institucional (Europa/Andalucía) 

El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, con fecha 11 de abril  de este año, han aprobado el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los  Medios de Comunicación, que los países miembros deberán aplicar antes de  agosto de 2025. 

Este reglamento europeo especifica el marco de actuación de los medios de  comunicación en numerosos campos. En lo que se refiere a la regeneración  democrática, hay dos muy relevantes: el de la Publicidad institucional y el de la  Transparencia, materias sobre las que Andalucía tiene las competencias y  legisla. 

Ley de Publicidad Institucional 

El Reglamento europeo establece los criterios y los requisitos por los que los  medios de comunicación pueden acceder al dinero público. Tales requisitos  deben ser proporcionados y selectivos, y exigir a los medios de comunicación  la divulgación de información pertinente sobre su propiedad y sus ingresos  publicitarios procedentes de administraciones o entidades públicas. 

En el caso de Andalucía se debería contemplar que no podrán acceder a ayudas,  subvenciones o publicidad institucional aquellos medios de comunicación y  periodistas condenados por mentir o difamar; por no cumplir los códigos  deontológicos de la profesión y/o por no respetar e incumplir los derechos  laborales y económicos de los trabajadores. 

En Andalucía, el reparto de la publicidad institucional por parte de las distintas  administraciones y empresas públicas se hace tradicionalmente de manera  opaca, sin que se pueda verificar si responde a criterios o requisitos  profesionales y éticos, o a otros intereses. 

Ley de Transparencia 

El Reglamento europeo citado anteriormente, recoge como crucial el hecho de  que los consumidores sepamos con certeza a quienes pertenecen los medios de  comunicación y quienes están detrás de ellos. Esta transparencia es fundamental  para limitar el riesgo de injerencia con la dependencia editorial. 

En consonancia con el apartado de ‘Ley de Publicidad Institucional’, las  administraciones y empresas públicas deberán declarar públicamente a qué  medios de comunicación y periodistas dan dinero, cuánto y porqué, y los  medios deberán hacerlo sobre el dinero recibido y de quién.

A la vez, los medios que reciban dinero público están obligados a publicar la  identidad de las personas y grupos que componen sus consejos de  administración. 

Aquí se podría añadir la obligatoriedad de conocer también la identidad, no de  las plantillas de los medios de comunicación, que es pública, sino la de  colaboradores o grupos externos, que en muchos casos van bajo seudónimo. 

Inteligencia Artificial 

La implantación imparable de la Inteligencia Artificial en nuestras vidas afecta,  en lo bueno y en lo malo, de forma trascendente al periodismo. De su buen o  mal uso dependerá la ética periodística, la información a la ciudadanía y el  presente y futuro de los empleos. 

El Parlamento Europeo, en el mes de marzo, aprobó la Ley y el Reglamento de  la Inteligencia Artificial, que los estados miembros deberán aplicar antes de  mayo de 2025. En España, y en Andalucía, las administraciones públicas han  de articular herramientas de control para que no se emplee para destruir o  precarizar los puestos de trabajo de periodistas. También deben avanzar en  medidas de transparencia, que obliguen a las empresas a advertir qué contenidos  han sido elaborados mediante Inteligencia Artificial, impidiendo, incluso, que  puedan concurrir a dinero público aquellas que superen un determinado límite. 

La FAPE ya ha creado un grupo de trabajo que estudia medidas ante el  fenómeno de la Inteligencia Artificial. Entre ellas estaría la de un certificado de  calidad para las empresas con buenas prácticas en el uso de la Inteligencia  Artificial Generativa. Algunos medios de comunicación están elaborando sus  propios Códigos Éticos. El primero en ponerlo en práctica ha sido The New  York Times.  

Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) 

Urge la retirada o modificación de la Ley Orgánica de Protección de la  Seguridad Ciudadana, de 30 de marzo de 2015, conocida como la Ley M 

ordaza, que en algunos de sus apartados atenta contra el libre trabajo de los  periodistas y contra la libertad de prensa, y que reduce derechos de la  ciudadanía. 

Comparecencias sin preguntas 

Todos los representantes públicos, sea cual sea su ámbito, deben asumir el  compromiso de no convocar nunca comparecencias públicas sin preguntas ni  repreguntas. El comportamiento actual es un fraude al periodismo, a la  ciudadanía, vulnera la libertad de prensa y daña a la ciudadanía.

Secreto profesional 

Tal y como obliga la Ley Europea de Libertad de Medios de Comunicación, se  debe impulsar la regulación del secreto profesional de los periodistas para  asegurar que sus fuentes y comunicaciones confidenciales sean protegidas de  manera efectiva. Es fundamental garantizar la capacidad de los periodistas para  recopilar, verificar y analizar información, sobre todo aquella de carácter  sensible. 

Protección diplomática 

El Gobierno debe trazar una hoja de ruta para mejorar la protección diplomática  de los/las periodistas españoles que cubren conflictos en el mundo. Hay que  prevenir y erradicar las violaciones de los derechos que se dan en este ámbito y  que no se produzcan cierres en falso. 

Medios de comunicación públicos 

Los medios de comunicación públicos, pero públicos de verdad, son esenciales.  En el caso de Andalucía, además de RTVE de ámbito estatal y de los medios  de ámbito municipal, el medio público propio, según el Estatuto de Autonomía,  es la Radio y Televisión de Andalucía (RTVA, Canal Sur Televisión y Canal  Sur Radio). Se trata de un medio al servicio de la ciudadanía, que depende del  Parlamento, y que jamás puede estar al servicio de un Gobierno, que lo  considere y use como propio. Un medio público tiene que ser el referente de la  información veraz y la honestidad y nunca de la mentira, el bulo y la  desinformación. 

Al igual que en RTVE, aunque no se cumple como tal, el director general de la  RTVA, sus cargos directivos y el consejo de administración deben ser elegidos  mediante un concurso público de méritos profesionales.  

Este mismo procedimiento debe ser aplicado en Andalucía a los medios de  comunicación públicos que dependan de los ayuntamientos. 

Precariedad y debilidad actual del periodismo 

Además del buen o mal comportamiento ético, el periodismo vive una situación  de extrema precariedad económica y laboral y una debilidad que dañan  directamente al oficio y a la sociedad. No hay mayor enemigo de la libertad de  expresión y de la veracidad que el paro y el hambre de un periodista. Desde las  administraciones públicas se pueden adoptar medidas que reduzcan esa  precariedad y generen estabilidad. 

En la Ley de Publicidad Institucional, incluyendo subvenciones y patrocinios,  y como se indica anteriormente, se debe determinar que quedarán excluidas de 

poder optar o recibir dinero público aquellas empresas periodísticas que  incumplan la normativa laboral con sus trabajadores. 

El periodismo en España es una profesión no regulada y de libre ejercicio, pero  sí es una titulación universitaria específica. Por ello, todas las plazas de empleo  que convoquen las administraciones públicas, sea cual sea su ámbito, así como  los medios de comunicación públicos, y cuyas funciones sean las propias de un  periodista/informador deben ser ocupadas por licenciados o graduados en  Periodismo. 

Urge que todas las administraciones públicas incluyan en sus Relaciones de  Puestos de Trabajo (RPT) la categoría laboral de Periodista o de Técnico en  Comunicación, como existe con las demás profesiones. Esto haría que las  plazas de periodistas o técnicos de Comunicación en las administraciones  fueran mediante concursos públicos de empleo. Andalucía está a la cola de  España en esta materia. 

En una profesión masiva de freelances y colaboradores, urge la erradicación de  los falsos autónomos, la regulación de sus derechos y deberes y su inclusión en  el Régimen General de la Seguridad Social. 

Promoción de la Igualdad 

Urge fomentar, entre los más jóvenes, la reflexión sobre la desigualdad y sobre  cómo los medios de comunicación, en algunas ocasiones, reproducen roles y  estereotipos de género. Por ello, y en el marco de la necesaria implantación de  la alfabetización mediática y digital en los centros educativos, se propone la  inclusión de temas específicos de género, tanto desde el papel de los medios de  comunicación y de la publicidad en la construcción de determinadas conductas  sexistas, como del uso que nuestros jóvenes hacen de las redes sociales para  perpetuarlas. 

Petición final 

Para una verdadera regeneración democrática, y aunque parezca utópico, todos  los poderes políticos deberían dotarse de un Código Ético, al igual que lo  tenemos en el periodismo, por el que se comprometiesen a no elaborar y  difundir mentiras, bulos y desinformaciones y a defender la veracidad. La  situación sería bien distinta.