Pedimos a las administraciones que intervengan ante los incesantes despidos en medios de comunicación andaluces
La Asociación de la Prensa de Jerez y la Demarcación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Jerez se suman al CPPA para expresar el más rotundo rechazo a los despidos planteados hoy por el Grupo Joly. Estos despidos afectan a unas 20 personas en diversos puntos de la comunidad, 11 de ellas en la provincia de Cádiz (8 en Europa Sur y 3 en Diario de Cádiz).
Según la información que hemos podido recopilar, los despidos afectan a empleados/as de las provincias de Cádiz y Córdoba. En su mayoría, periodistas, pero también comerciales, administrativos y otros puestos de empleo. En verano, la misma empresa anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Y todos estos se suman a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando la empresa en los últimos años.
Desde el colectivo de los periodistas de Jerez lamentamos profundamente este nuevo golpe al periodismo local en nuestra provincia que tiene como principales víctimas a los compañeros que pierden su puesto de trabajo, a los que trasladamos nuestro apoyo y solidaridad; pero también al conjunto de la sociedad que ve mermada la calidad de sus principales medios de referencia en su ámbito más cercano.
Para la APJ y el Colegio Profesional de Periodistas, está claro que esta empresa está desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos.
Los casos conocidos hoy se suman al incesante goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación desde que comenzó la crisis económica. Por ese motivo, y porque la situación ya es insostenible, creemos que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una campaña de vigilancia para evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces.
Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas; empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios en los que los administrados son los principales destinatarios. Las administraciones no pueden seguir inmóviles ante el despido de miles de personas.
Por este motivo, la APJ y el CPPA pondrán el asunto en conocimiento de las administraciones relacionadas con el empleo y la contratación pública, para informar de la situación y que se tomen las medidas adecuadas.
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