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La APJ y el CPPA lamentan los despidos del Grupo Joly en la provincia de Cádiz

Pedimos a las administraciones que intervengan ante los incesantes despidos en medios de comunicación andaluces

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La Asociación de la Prensa de Jerez y la Demarcación del Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía en Jerez se suman al CPPA para expresar el más rotundo rechazo a los despidos planteados hoy por el Grupo Joly. Estos despidos afectan a unas 20 personas en diversos puntos de la comunidad, 11 de ellas en la provincia de Cádiz (8 en Europa Sur y 3 en Diario de Cádiz).

Según la información que hemos podido recopilar, los despidos afectan a empleados/as de las provincias de Cádiz y Córdoba. En su mayoría, periodistas, pero también comerciales, administrativos y otros puestos de empleo. En verano, la misma empresa anunció el despido de la plantilla de su rotativa en la provincia de Cádiz (más de una treintena de empleos directos). Y todos estos se suman a los diversos despidos y reestructuraciones que viene aplicando la empresa en los últimos años.

Desde el colectivo de los periodistas de Jerez lamentamos profundamente este nuevo golpe al periodismo local en nuestra provincia que tiene como principales víctimas a los compañeros que pierden su puesto de trabajo, a los que trasladamos nuestro apoyo y solidaridad; pero también al conjunto de la sociedad que ve mermada la calidad de sus principales medios de referencia en su ámbito más cercano.

Para la APJ y el Colegio Profesional de Periodistas, está claro que esta empresa está desmantelando sus cabeceras comarcales, sin atender a más criterios que engordar sus beneficios económicos.

Los casos conocidos hoy se suman al incesante goteo de despidos y de pérdida de derechos laborales en los medios de comunicación desde que comenzó la crisis económica. Por ese motivo, y porque la situación ya es insostenible, creemos que ha llegado el momento de que las administraciones comiencen una campaña de vigilancia para evitar que continúe la sangría de empleos en los medios de comunicación andaluces.

Existen cláusulas sociales que las empresas deben cumplir para mantener sus contratos con las administraciones públicas; empresas que reciben ayudas y subvenciones, además de grandes cantidades económicas procedentes de ingresos publicitarios en los que los administrados son los principales destinatarios. Las administraciones no pueden seguir inmóviles ante el despido de miles de personas.

Por este motivo, la APJ y el CPPA pondrán el asunto en conocimiento de las administraciones relacionadas con el empleo y la contratación pública, para informar de la situación y que se tomen las medidas adecuadas.

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La APJ y el Colegio de Periodistas en Jerez muestran su rechazo absoluto a la ‘Ley Mordaza’ y reivindican la libertad de información

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La Asociación de la Prensa de Jerez y el Colegio de Periodistas en Jerez muestran su rechazo absoluto a la conocida como ‘Ley Mordaza’, que supone una afrenta inaceptable a la libertad de información y a los derechos fundamentales. De esta forma, la APJ y el Colegio de Periodistas en Jerez se suman a la oposición ya mostrada nuestro colectivo a través de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), los colegios de periodistas y colectivos sociales, así como la Federación Internacional de Periodistas.

La Ley Orgánica de la Protección de la Seguridad Ciudadana (Plopsc), conocida como ‘Ley Mordaza’, aplica restricciones inasumibles sobre los derechos a dar y recibir información, a la libertad de reunión pacífica y de asociación y las actividades legítimas de los defensores de derechos humanos.

En este sentido, la APJ ya se pronunció contra el anteproyecto de esta ley, concediendo en 2014 nuestra Pluma de Ganso al Gobierno central para recriminarle su postura. Cabe recordar que desde esta asociación se invitó al subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, a recoger dicho galardón, con el objeto de tener la oportunidad de debatir y reflexionar sobre la postura de los periodistas de la ciudad contrarias a dicha reforma legislativa, lo cual no fue posible por su inasistencia al acto.

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Con esta Pluma de Ganso manifestábamos nuestro desacuerdo con el anteproyecto de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana por la inclusión de algunos artículos que pueden colisionar con el derecho constitucional a la información y ocasionar inseguridad jurídica, con sanciones que podrían considerarse como desproporcionadas, tanto a los periodistas que estén cumpliendo con su trabajo en lugares públicos donde intervengan agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como para los editores que publiquen estos contenidos, por ejemplo, que se puedan imponer sanciones por grabar o difundir imágenes de policías durante la cobertura de manifestaciones, disturbios o alteraciones del orden público.

Tras su aprobación, reiteramos que frente al mandato constitucional que garantiza y protege en su artículo 20, en sus apartados a, b, c y d, el derecho a la libertad de expresión, producción literaria, cátedra y a comunicar y recibir libremente información, esta ley los restringe, llevando además su prohibición al derecho administrativo, sujeto a la voluntad de la Administración y no del Derecho Penal.

Por ello, es más necesario que nunca recordar que el periodismo es una herramienta de democracia, como lo es también la participación ciudadana. Por tanto, reivindicamos una vez más que ‘Sin periodistas no hay periodismo, y sin periodismo no hay democracia’.

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